Política: Alberto Fernández lanzará el 10 de Diciembre el "plan de los $ 100.000 millones "
Lo recibirán en los primeros meses de gestión jubilados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores de salarios bajos. La idea es que los fondos se vuelquen al consumo.
Se lo llama, internamente, el “plan de los 100.000 millones” de pesos. Ese sería, aproximadamente, el dinero que el próximo gobierno de Alberto Fernández quiere volcar al mercado interno en los primeros meses de gestión, para reactivar la economía. El destinatario de esos desembolsos serán jubilados, trabajadores públicos y privados con salarios cercanos al mínimo de $ 18.875 y beneficiarios de planes sociales. El criterio de selección de los que recibirán los pesos es claro: se trata de un público sin capacidad de ahorro y se descarta que cualquier peso extra que perciban se destinará al consumo. Para el resto de los trabajadores no habrá planes especiales, y se esperará a que sean las negociaciones paritarias las que determinen los incrementos salariales. El único requisito que impondrá el próximo gobierno es que, en todos los casos, haya cláusula gatillo para que, como mínimo, los sueldos le empaten a la inflación durante 2020. En paralelo habrá políticas de contención de los precios, se mantendrán los beneficios impositivos al IVA impulsados por Mauricio Macri, se profundizarán los planes Ahora 12 y Ahora 18 y la ya anunciada tarjeta social para los beneficiarios de los planes activos. El origen del dinero para financiar este programa de aumento de la base monetaria es simple.
Por un lado habrá incrementos de impuestos (retenciones y bienes personales pican en punta). Por el otro, habrá emisión monetaria lo que, obviamente, representa una seria amenaza inflacionaria. Ante esto la respuesta del próximo oficialismo es simple. Se considera que todo dependerá de la confianza que se le tenga al plan de los primeros tres o cuatro meses de gestión de Alberto Fernández. Si se considera que hay confianza en que la situación económica mejorará, se especula con que los productores de bienes de consumo masivo a los cuales está destinado el plan, aumentarán sus líneas de producción hasta abastecer el incremento esperado en la demanda interna que se pontenciará con los millones de pesos que se volcarán al mercado. Si, por el contrario, los fabricantes de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo (entre otros), creen que los pesos aumentarán la demanda, pero que se tratará de un efecto efímero e inflacionario, mantendrán los actuales niveles de producción, liquidarán stock existente y se replegarán ante el posible estallido monetario. En otras palabras, todo dependerá de la confianza que los fabricantes tengan ante el nuevo plan. Según fuentes del futuro oficialismo, será el propio Alberto Fernández el que se pondrá al hombro un primer momento de contactos directos con los principales productores locales; para que confíen y se vuelquen por la primera opción. Esto es, aumentar el ritmo de producción de sus plantas.
La idea general, es que la inyección del dinero provocará un cambio de clima, a partir de una mejora inevitable en el ritmo de ventas dentro del mercado interno. Y que a partir de allí, comiencen las decisiones de aumento de las líneas de producción y, en poco tiempo, una mejora en la actividad industrial. Hay un factor que puede alterar el optimismo: según datos de la COPAL, el uso de la capacidad instalada está ubicada en la mayoría de las plantas, en el mejor de los casos, en el 60%, con lo que si se da el incremento en la demanda, lo que probablemente hagan los privados es completar las líneas de producción ya existentes antes de pensar en inversiones directas.
Obviamente no será una tarea fácil y, a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri en el primer semestre de 2016, Alberto Fernández necesitará que haya un equipo económico cohesionado. O que, como mínimo, no aplique medidas económicas contradictorias entre sí. Esta coordinación será responsabilidad, probablemente, de Matías Kulfas y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Al menos en un primer momento. El primero será el responsable del diseño final y la puesta en práctica del plan de aumento del consumo interno. El segundo, de custodiar la emisión monetaria.
Se lo llama, internamente, el “plan de los 100.000 millones” de pesos. Ese sería, aproximadamente, el dinero que el próximo gobierno de Alberto Fernández quiere volcar al mercado interno en los primeros meses de gestión, para reactivar la economía. El destinatario de esos desembolsos serán jubilados, trabajadores públicos y privados con salarios cercanos al mínimo de $ 18.875 y beneficiarios de planes sociales. El criterio de selección de los que recibirán los pesos es claro: se trata de un público sin capacidad de ahorro y se descarta que cualquier peso extra que perciban se destinará al consumo. Para el resto de los trabajadores no habrá planes especiales, y se esperará a que sean las negociaciones paritarias las que determinen los incrementos salariales. El único requisito que impondrá el próximo gobierno es que, en todos los casos, haya cláusula gatillo para que, como mínimo, los sueldos le empaten a la inflación durante 2020. En paralelo habrá políticas de contención de los precios, se mantendrán los beneficios impositivos al IVA impulsados por Mauricio Macri, se profundizarán los planes Ahora 12 y Ahora 18 y la ya anunciada tarjeta social para los beneficiarios de los planes activos. El origen del dinero para financiar este programa de aumento de la base monetaria es simple.
Por un lado habrá incrementos de impuestos (retenciones y bienes personales pican en punta). Por el otro, habrá emisión monetaria lo que, obviamente, representa una seria amenaza inflacionaria. Ante esto la respuesta del próximo oficialismo es simple. Se considera que todo dependerá de la confianza que se le tenga al plan de los primeros tres o cuatro meses de gestión de Alberto Fernández. Si se considera que hay confianza en que la situación económica mejorará, se especula con que los productores de bienes de consumo masivo a los cuales está destinado el plan, aumentarán sus líneas de producción hasta abastecer el incremento esperado en la demanda interna que se pontenciará con los millones de pesos que se volcarán al mercado. Si, por el contrario, los fabricantes de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo (entre otros), creen que los pesos aumentarán la demanda, pero que se tratará de un efecto efímero e inflacionario, mantendrán los actuales niveles de producción, liquidarán stock existente y se replegarán ante el posible estallido monetario. En otras palabras, todo dependerá de la confianza que los fabricantes tengan ante el nuevo plan. Según fuentes del futuro oficialismo, será el propio Alberto Fernández el que se pondrá al hombro un primer momento de contactos directos con los principales productores locales; para que confíen y se vuelquen por la primera opción. Esto es, aumentar el ritmo de producción de sus plantas.
La idea general, es que la inyección del dinero provocará un cambio de clima, a partir de una mejora inevitable en el ritmo de ventas dentro del mercado interno. Y que a partir de allí, comiencen las decisiones de aumento de las líneas de producción y, en poco tiempo, una mejora en la actividad industrial. Hay un factor que puede alterar el optimismo: según datos de la COPAL, el uso de la capacidad instalada está ubicada en la mayoría de las plantas, en el mejor de los casos, en el 60%, con lo que si se da el incremento en la demanda, lo que probablemente hagan los privados es completar las líneas de producción ya existentes antes de pensar en inversiones directas.
Obviamente no será una tarea fácil y, a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri en el primer semestre de 2016, Alberto Fernández necesitará que haya un equipo económico cohesionado. O que, como mínimo, no aplique medidas económicas contradictorias entre sí. Esta coordinación será responsabilidad, probablemente, de Matías Kulfas y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Al menos en un primer momento. El primero será el responsable del diseño final y la puesta en práctica del plan de aumento del consumo interno. El segundo, de custodiar la emisión monetaria.
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