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Merlo: La UNSL busca la apropiación definitiva del campus de Barranca Colorada

 La institución inició un proceso de mediación para la expropiación de un predio que mide siete hectáreas.



La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) busca solucionar de manera definitiva la apropiación del campus universitario de la Villa de Merlo, donde en la actualidad funcionan las instalaciones de la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU). El predio denominado Barranca Colorada se halla en un proceso de judicialización desde hace más de veinte años, debido a un conflicto de intereses entre la casa de estudios y un grupo de privados que reclama esas tierras.

 

La situación fue presentada ante el Consejo Superior, durante la última sesión que el cuerpo de decisión mantuvo a principios de la semana. La principal razón de la exposición fue informar sobre el inicio de un proceso de mediación que permitiría una resolución de la disputa, que involucra a noventa presuntos propietarios de siete hectáreas de tierras que desde los años setenta transitan un proceso de expropiación, aún sin concluir.

 

El encargado de presentar un informe técnico ante el Consejo Superior fue el integrante del Área de Asesoría Jurídica de la UNSL, Juan Calabria, quien tiene a cargo el caso desde fines de los noventa. El especialista en derecho urbanístico y ambiental dio detalles sobre las opciones que tiene la casa de estudios para agilizar el trámite para adquirir la propiedad del predio, sin tener que proseguir con una instancia judicial que, a su entender, demandaría muchos años para arribar a una resolución definitiva.

 

"Durante su gestión, el rector Germán Arias comenzó con las conversaciones con el entonces intendente de Merlo, Jorge Álvarez, con la idea de proyectar la actual facultad de Merlo, pero se encontraron con el inconveniente de que la universidad no podía comprar un espacio y el Municipio comenzó un trámite de expropiación en la zona de Barranca Colorada. Es un inmenso loteo de los años setenta; alguien con mucha habilidad comercial lo vendió como un lugar de ensueño a gente de Buenos Aires, entre la que hubo muchos artistas reconocidos", explicó Calabria, quien indicó que los lotes en juego tienen entre 800 y 900 metros cuadrados, con un valor de mercado de hasta cuarenta mil dólares cada uno.

Según prosiguió el abogado, durante los años sucesivos a 1999 otra gestión municipal merlina expropió un predio enfrentado a las instalaciones de la actual FTU, para destinarlo a un parque, pero nunca realizó el pago, mientras las tierras continuaban valorándose a un nivel desproporcionado. A la UNSL le correspondía un total de siete hectáreas, acordadas a través de una ordenanza del Concejo Deliberante de la ciudad.

 

"Con la crisis económica se demoraron los trámites. La ley indica que si la expropiación es urgente, el Estado a cargo del proceso tiene la obligación de depositar un treinta por ciento del valor presupuestado para poder tomar posesión. La Intendencia en ese momento consiguió muy poca plata y los privados comenzaron a resistirse a la expropiación", señaló Calabria.


Actos de violencia

 

"A partir del 2000, al 2002, la universidad empezó a tener distintos conflictos con esos vecinos, inclusive muy violentos porque incluyeron amenazas con armas de fuego. La facultad solo pudo poseer media manzana de un total de cuatro, en un espacio verde ubicado por fuera del terreno en cuestión. En los hechos, está instalada en una plaza pública y no en el terreno expropiado", aseguró.


En las más dos décadas que la pugna de intereses aún no encuentra resolución, los presuntos propietarios comenzaron a construir e inclusive a vender las tierras, porque las seis gestiones consecutivas que transcurrieron en ese tiempo nunca hicieron el registro del inmueble como afectado a una expropiación. 

 

Uno de los propietarios que reclaman la posesión es la compañía Copan Cooperativa de Seguros Limitada, que en un intento de destrabar el conflicto donó lotes en un lugar distinto a donde actualmente está la FTU. Calabria dijo que el Consejo Superior de ese entonces en la UNSL aceptó, de manera errónea, la entrega de las tierras pese a que no tenía potestad de hacerlo debido a que la UNSL es solo beneficiaria y no interviniente en el conflicto entre expropiador (Municipio) y expropiados (privados).


"Comencé a reunirme con todos los afectados para encontrar una solución y el 5 de noviembre (de este año) la jueza (Adela Pérez del Viso) convocó a una audiencia de conciliación en la que participaron el rector (Víctor Moriñigo), el intendente (Juan Álvarez Pinto), los dueños de Copan y los abogados de los demás damnificados que están dentro de la expropiación. Nos encargó que Copan traiga la instrucción de la empresa de renuncia a percibir la indemnización que le corresponde con la condición de que le desafecten el resto de los lotes involucrados. Mientras que aconsejó que el jefe comunal concurra al Concejo Deliberante para proponer modificar la ordenanza de expropiación de 1999 y desafectar las distintas áreas que le corresponden a la universidad. Quedaría arreglar con ocho o diez privados que no se han presentado en el juicio oportunamente", señaló Calabria.

 

Durante el transcurso de esta semana está previsto que Álvarez Pinto realice el pedido ante el cuerpo legislativo de Merlo, para el cambio de instrumentos jurídicos que le permitan a la UNSL alcanzar una resolución del conflicto. Moriñigo dijo que acompañará al intendente en esa instancia.

 

"Estamos ante la oportunidad de utilizar la mediación para llegar a un acuerdo, en que la universidad se quedaría con el doble de lo que hoy tiene y terminaría así arreglando la cuestión de ocupar un espacio público, a la vez que le daría seguridad jurídica con los vecinos de la zona", sostuvo el rector de la UNSL.

Fuente: El Diario de la Republica


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