Actualidad: Duras críticas del presidente del Colegio de Abogados por el funcionamiento de la Tercera Circunscripción Judicial

 La tercera circunscripción judicial de San Luis, con ámbito de actuación en los departamentos Junín, Chacabuco y San Martín, está en el ojo de la tormenta a raíz de los últimos casos policiales, que dejaron al descubierto algunas decisiones cuestionables de los jueces.

Mientras se investiga el brutal asalto que sufrió una pareja de jubilados en Los Molles, por ejemplo, se conoció que el principal sospechoso, Marco Lino Rafaelli, tuvo otras seis causas abiertas por delitos contra la propiedad que prescribieron. Sin contar que el imputado tiene aún deudas pendientes con la justicia por robos ocurridos hace no tanto tiempo.

También apareció en escena el presunto parricidio en San Pablo: el acusado, Pablo Ashworth, había sido denunciado por amenazas previas, y, en Tilisarao, “todo el mundo le tenía miedo”, aseguró el hermano de la víctima.

Ahora, ambos reos están detenidos y cumplirán 120 días de prisión preventiva. Ese lapso tiene la Fiscalía para recolectar las pruebas que los incriminen.

Ante estos casos, vecinos de la Costa de los Comechingones y del Valle del Conlara expresaron, en redes sociales, la sensación que un rápido accionar de la justicia podría haber evitado las consecuencias.

El presidente del Colegio de Abogados de Concarán, Rafael Ángel Sánchez, aseveró que la justicia, en esa circunscripción, tiene dos problemas principales: la falta de personal y de infraestructura judicial.

“Entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal en 2021 y no se tuvo en cuenta la estructura y la preparación que deben tener los cuadros que componen la justicia. Le pedí al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, el nombramiento de dos fiscales, porque justamente para estos casos, el de Rafaelli y el de Ashworth, hay una sola fiscal”, resaltó.

En la tercera circunscripción solo está nombrada como fiscal de Instrucción Débora Roy Gitto, desde la jubilación de Carlos Leloutre. Con ella trabajan dos fiscales, una para los departamentos Chacabuco y San Martín, y otra para Junín.

“El trabajo es prácticamente imposible de llevar a cabo, porque la fiscal adjunta del departamento Junín por ahí tienen que estar 24 horas trabajando”, señaló el abogado, y ejemplificó: “Por ahí tiene una causa en el filo de las sierras, en el límite con Córdoba, vuelve a la casa y se encuentra con otra denuncia en Santa Rosa del Conlara; y se hace imposible”.

Lo mismo sucede con los magistrados: de acuerdo al organigrama debe haber dos jueces de Garantía, pero la jueza de Concarán se jubiló, por lo que Jorge Pinto, juez de Santa Rosa del Conlara, subroga también ese juzgado.

“Pinto tiene que asumir los dos juzgados, y es imposible llevar adelante ese trabajo”, indicó.

Sánchez también apuntó que el nuevo Código de Procedimiento inhabilita a la Policía. “Con el Código anterior, la Policía llevaba adelante la investigación, pedía órdenes al juez y hacía los allanamientos”, dijo.

“El Poder Judicial no tiene la estructura para llevar adelante las causas con este nuevo Código de Procedimiento”, sentenció.

En esa misma línea, recordó que la nueva ley de organización de la justicia permite que los jueces otorguen la libertad de los acusados hasta la realización del juicio oral, siempre que no haya peligro de entorpecimiento de las investigaciones o de fuga del reo. “Es una cuestión discrecional del juez, y depende del fiscal que arrime las evidencias para que la persona juzgada cumpla prisión preventiva”, afirmó.

Por eso, se manifestó en contra del nuevo Código de Procedimiento y recordó que el candidato a gobernador del oficialismo, Jorge “Gato” Fernández, planteó en su campaña volver a modificarlo para que “los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra”.

“Si quieren reformar el Código de Procedimiento que entró en vigencia hace dos años es por algo. Eso me exime de cualquier comentario”, ironizó.

Por otra parte, desestimó que haya abogados que formen parte de las bandas delictivas. “No me consta y no me ha llegado ninguna denuncia”, aseveró.

“Cuando a un abogado le consultan, asume la defensa y eso es legal, está dentro de la ética profesional, no por eso va a ser parte de la banda”, completó.

Fuente: San Luis 24