Vecinos sin solución: El Gobierno gasta recursos en disputas judiciales mientras El Volcán sigue sin agua
El Gobierno provincial apelará la medida cautelar que obliga a finalizar el acueducto La Florida II en 60 días. El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, cuestionó la decisión judicial y la calificó de 'ligera'.
Claudio Poggi dió la orden de apelar la medida judicial que ampara a los vecinos de El Volcán. Foto: archivo
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, confirmó que el Gobierno provincial apelará la medida cautelar de la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, en la que ordenó que la Provincia finalice esta obra del acueducto La Florida II en un plazo de 60 días para garantizar la provisión de agua a la localidad de El Volcán desde el dique La Florida. Para solucionar el problema de la potabilización del agua en la localidad, San Luis Agua brindará asistencia técnica a la Municipalidad de El Volcán.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, criticó la medida cautelar a la que hizo lugar la jueza, ya que declaró inconstitucional un acto administrativo “inexistente porque no ha sido dictado por el Gobierno de la provincia de San Luis. Eso llama poderosamente la atención”.
El funcionario argumentó que el Ejecutivo no tenía posibilidad de dictar un acto administrativo porque, en un acuerdo con la Nación en junio del año 2024, se definieron las obras que iban a ser terminadas por parte de la Provincia y las que continuarían a cargo de la Nación. “En este caso, el Acueducto Florida II quedó bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional para su culminación. Entendemos que el Gobierno Nacional deberá adaptarse presupuestariamente para finalizar la obra que fue acordada”, sentenció el ministro.
El funcionario reiteró el argumento que brindó el ministro al mencionar que, con la asunción de la gestión de Javier Milei, se paralizaron la mayoría de las obras nacionales y que se delega en las provincias algunas obras. “Pero en las que no son delegadas, como es el acueducto, no se puede intervenir en la obra. No puede jurídicamente interferir en una relación comercial entre el contratista y la Nación. Entonces, aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo”, dijo Endeiza.
ED
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