Otra mala para el Municipio de Merlo: Se emitió un dictamen en favor de indemnizar por 190 hectáreas confiscadas

La disputa sobre el uso del suelo y la preservación ambiental en Villa de Merlo continúa generando controversia, con nuevos desarrollos que involucran tanto a la municipalidad como al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de San Luis. El Procurador General de San Luis presentó recientemente un dictamen ante el STJ, solicitando la revisión de una sentencia vinculada a la demanda presentada por María del Rosario Mercau y otro vecino contra la Municipalidad de Villa de Merlo.

El conflicto radica en la declaración de reserva natural protegida de un terreno de 190 hectáreas, situado en las estribaciones de las sierras de los Comechingones. Este terreno, originalmente de propiedad de los demandantes, fue afectado por la municipalidad en el año 2000, cuando se dispuso su protección exclusiva para fines turísticos. La medida incluyó la prohibición de realizar construcciones o lotear el área, lo cual, según los afectados, atentó contra su derecho de propiedad, amparado por la Constitución Nacional.

El fallo más reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), del 20 de febrero de 2024, resalta la necesidad de equilibrar el interés público por la conservación ambiental con el derecho de los propietarios sobre sus tierras. En su resolución, la CSJN argumenta que las restricciones impuestas no pueden despojar al propietario de sus derechos esenciales sin una compensación justa, en línea con el precedente establecido en el caso “Rossi”.

Este dictamen ahora pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación del Estado de respetar los derechos de propiedad privada. El Procurador General de San Luis señaló que las medidas adoptadas por la municipalidad de Villa de Merlo excedieron los límites razonables del derecho de propiedad, equiparándolas a una confiscación de hecho. También criticó la falta de actualización de las ordenanzas municipales durante más de dos décadas.

Aún se desconoce si los demandantes recibirán la indemnización solicitada. Este es un aspecto que deberá decidir el STJ en una nueva sentencia. Sin embargo, lo que se ha dejado claro es que, tal como subraya la Corte Suprema, el Estado tiene el derecho de limitar el uso de las tierras para fines ambientales, pero este acto debe ir acompañado de una compensación económica adecuada.

Con este nuevo dictamen, el debate sobre la sostenibilidad ambiental y la justicia para los propietarios continúa siendo uno de los temas más controversiales en la región, y la municipalidad de Villa de Merlo se enfrenta ahora a la responsabilidad de asumir el costo de una indemnización por las restricciones impuestas. La sentencia definitiva del STJ definirá los pasos a seguir y la cantidad que deberá pagar la municipalidad en concepto de indemnización.