El reclamo por la ordenanza ambiental de Merlo llegó a Terrazas: El Secretario de Ambiente se comprometió a intervenir

 Este miércoles 3 de diciembre, el conflicto por la modificación de la Ordenanza 917/25 en Villa de Merlo escaló al ámbito provincial. Representantes de organizaciones sociales y ambientales mantuvieron una reunión clave en Terrazas del Portezuelo con el Secretario de Ambiente de la Provincia, Federico Cacace, y el Director de Gestión Ambiental, David Nicola.

El encuentro tuvo como eje central el pedido de suspensión y modificación inmediata de la normativa municipal, calificada por las organizaciones como "regresiva". Durante la reunión, los vecinos expusieron el respaldo técnico de la Universidad de los Comechingones, la Universidad Nacional de San Luis (PITSA) y el dictamen del Defensor del Pueblo, quienes ya han señalado las incongruencias de la ordenanza con la legislación nacional y provincial.

Control subsidiario y compromiso de diálogo

El Secretario Cacace manifestó estar al tanto de la situación y, si bien remarcó el respeto a la autonomía municipal, fue contundente al aclarar que la Secretaría de Ambiente "puede intervenir como control subsidiario" si se detecta una falta de cumplimiento en los pasos exigidos por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental provincial.

Las organizaciones plantearon su preocupación por la composición del equipo evaluador que establece la nueva ordenanza, denunciando que el Ejecutivo Municipal actúa como "juez y parte", priorizando funcionarios sobre profesionales idóneos y limitando el acceso a la información pública.

Ante esto, Cacace se comprometió a tratar estos temas directamente con el Intendente (actualmente de licencia), funcionarios y concejales oficialistas de Villa de Merlo.

Un canal abierto

Además de abordar el conflicto puntual, las autoridades invitaron a las organizaciones a los talleres participativos para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Desde las organizaciones valoraron el resultado de la reunión, destacando "el canal abierto, la escucha y la voluntad de trabajo en conjunto" para garantizar una planificación territorial que respete la participación ciudadana y el ambiente.