Duro golpe al Gobierno de Poggi: licenciaron a Bazla luego que la Fiscalía pidiera su indagatoria

 El secretario de Ética Pública del gobierno de Claudio Poggi se apartó por 90 días sin goce de haberes. La decisión se conoció después de que el fiscal Leandro Estrada solicitara su indagatoria por presunta defraudación al Estado. Sin embargo, en ámbitos de la administración provincial aseguran que la salida fue impulsada desde el entorno directo del gobernador

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, pidió una licencia por 90 días sin goce de haberes luego de que el fiscal de Instrucción N°4 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, solicitara su llamado a declaración indagatoria en la causa conocida como “El Caburé”. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantía para que se fije fecha de audiencia de formulación de cargos contra el funcionario del gobierno de Claudio Poggi.

En su presentación, Estrada sostuvo que la investigación reunió elementos que ubican a Bazla “prima facie sospechoso en calidad de coautor del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”. El pedido judicial coloca en una situación delicada a un funcionario que tenía a su cargo el control de la ética y la transparencia dentro de la propia estructura estatal.

La licencia fue comunicada por el propio Bazla durante la mañana de este martes. El funcionario argumentó que la decisión busca “ejercer mi derecho de defensa sobre falsas acusaciones de las que estoy siendo víctima”, y remarcó que el apartamiento será temporario mientras avanza el proceso judicial.

Sin embargo, en ámbitos de la administración provincial aseguran que la salida fue impulsada desde el entorno directo del gobernador. La decisión política habría sido apartarlo del cargo para reducir el impacto institucional del caso, mientras públicamente se presentó como una determinación personal del funcionario.

El episodio se produce en un contexto de fuerte tensión política entre el oficialismo y sectores del Poder Judicial, con operaciones del gobierno a distintos fiscales y jueces para "apurar" causas. En ese escenario, el avance sobre el titular del organismo encargado de controlar la ética pública introduce un nuevo foco de presión dentro de la propia estructura gubernamental.

ELMOSQUITOPUNTANO