SANTA ROSA DEL CONLARA: IMPUTAN A UN HOMBRE POR PRESUNTA TENENCIA DE MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

 

El juez de Garantía N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Osvaldo Pinto, tuvo por formulados los cargos contra un hombre investigado por el delito de tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Además, autorizó una serie de pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Silvina Ayelén Arguello, mientras que la defensa es ejercida por la abogada Silvana Alejandra Zunini y el procurador Adolfo Cafieri. También interviene la defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces de la Tercera Circunscripción Judicial, María Luz Vilchez.

En resguardo de la intimidad y los derechos de las posibles víctimas, y dado que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, este medio decidió omitir la identidad del imputado y de otras personas mencionadas en las actuaciones. La medida busca evitar cualquier posibilidad de identificación indirecta de niños, niñas o adolescentes que pudieran estar involucrados en la causa, en consonancia con los principios de protección integral establecidos por la normativa vigente y los criterios de tratamiento periodístico de casos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

LA INVESTIGACIÓN

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Arguello sostuvo que los hechos investigados se remontan al 20 de enero de este año. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, alrededor de las 13:30, mientras el imputado se encontraba en el balneario municipal de Santa Rosa del Conlara acompañado por otras personas, habría advertido que era buscado por efectivos policiales y, con el propósito de desprenderse de un elemento de interés para la investigación, involucró a un niño para descartar una tarjeta de memoria envuelta en un papel de caramelo. El dispositivo fue abandonado en una plaza y posteriormente secuestrado por la Policía.

Horas más tarde, una persona perteneciente al entorno familiar del acusado informó a los investigadores que en la vivienda que compartían había una computadora y varios pendrives que contendrían material de abuso sexual infantil. Los dispositivos fueron entregados voluntariamente a la Policía y quedaron incorporados a la causa.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la apertura formal de la investigación y un plazo de 120 días para avanzar con la producción de pruebas.

La defensa cuestionó la imputación y sostuvo que no existían elementos suficientes para formular cargos. Asimismo, planteó la nulidad de la declaración de un niño incorporada al legajo, al considerar que había sido obtenida sin las garantías correspondientes, ya que no habrían estado presentes sus representantes legales.

Por su parte, la defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, María Luz Vilchez, asumió representación en resguardo de las posibles víctimas que pudieran surgir de la investigación y adelantó que, de ser necesario, solicitará la realización de una Cámara Gesell para recibir testimonios. Además, se opuso al planteo de nulidad al entender que no se había acreditado un perjuicio concreto para el imputado.

Tras escuchar a las partes, el juez Pinto rechazó el planteo de nulidad y tuvo por formulados los cargos por el delito de tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, en calidad de autor. También concedió los 120 días de investigación solicitados por la Fiscalía.

PERICIAS SOBRE LOS DISPOSITIVOS SECUESTRADOS

La fiscal Arguello solicitó autorización para realizar una pericia informática sobre una netbook, once pendrives y tres tarjetas de memoria secuestradas durante la investigación, una de ellas hallada oculta.

La defensa no se opuso a la medida, aunque pidió que el análisis se circunscribiera exclusivamente al delito investigado y solicitó la generación de códigos HASH —una secuencia alfanumérica única que funciona como la “huella digital” de un archivo— para garantizar la integridad de la evidencia y preservar la cadena de custodia.

Por su parte, la Defensoría de Niñez requirió que la extracción forense incluyera información almacenada en aplicaciones de mensajería y servicios en la nube.

Finalmente, el magistrado autorizó al Departamento de Delitos Complejos a realizar la extracción forense de los dispositivos secuestrados. 

Periodico Judicial