Avance municipal sobre la Cooperativa de Agua: una intervención cargada de intereses políticos

El Municipio de Villa de Merlo formalizó este martes la intervención del servicio de agua potable, profundizando un conflicto institucional que, lejos de ser ajeno, fue alimentado por la propia gestión local.

 La medida, dispuesta por decreto y con un plazo inicial de 90 días, fue presentada como una decisión en defensa del interés público, pero es imposible desligarla de la serie de maniobras políticas que precedieron a esta intervención.

El intendente interino Leonardo Rodríguez argumentó que la intervención busca garantizar la continuidad y calidad del servicio esencial, pero evitó mencionar el rol clave que jugó el oficialismo municipal en la crisis que hoy sirve como excusa para tomar el control. La caótica asamblea del pasado 7 de junio, donde con evidente respaldo político se desplazó al Consejo de Administración anterior en medio de acusaciones de irregularidades, fue el punto de inflexión de un conflicto que aún no tiene resolución legal. La Dirección Provincial de Cooperativas ni siquiera se ha pronunciado sobre la validez de aquella asamblea.

Detrás de la supuesta preocupación por el agua, muchos ven una intención clara: destrabar los proyectos inmobiliarios frenados por la negativa del consejo anterior, que se había opuesto a autorizar nuevas factibilidades de agua en plena emergencia hídrica. La gestión municipal, que desde hace tiempo impulsa loteos y desarrollos de alto impacto ambiental, encontró en esta crisis institucional la oportunidad perfecta para avanzar sobre la Cooperativa, una institución históricamente autónoma y manejada por los propios socios.

La decisión del municipio de intervenir no parece responder a un problema técnico ni a una emergencia concreta en la prestación del servicio, sino a una disputa de poder que fue cuidadosamente construida. Es difícil no ver esta intervención como el capítulo final de una estrategia política que comenzó con la presión sobre el Consejo de Administración, siguió con la manipulación de la asamblea y ahora se consuma con la toma formal del control.

Mientras desde el Municipio intentan vestir la medida con un discurso de responsabilidad institucional, los vecinos y socios de la Cooperativa observan cómo una institución comunitaria es absorbida por el poder político, sin que hasta el momento exista un fallo legal que avale los pasos dados.

Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la autonomía de las instituciones que deberían estar protegidas de los intereses de turno. La pregunta que queda flotando es: ¿quién controlará ahora el agua, y para beneficio de quién? ¿Tienen que ver los loteos ya aprobados?