Escándalo por intoxicación de niños: "Olor a corrupción” con el PANE: en una propiedad que sería de Trombotto elaboran viandas

¿Una cocina para el PANE en manos de funcionarios? Vecinos señalan irregularidades en un emprendimiento vinculado al ministro Trombotto

Vecinos del norte de la ciudad de San Luis denuncian que en una casa de dos plantas, ubicada en la esquina de San Juan y Esteban Adaro, se estarían cocinando las viandas del millonario Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), en condiciones poco claras y sin habilitación municipal visible. El inmueble, según versiones de la comunidad, pertenecería al actual ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Federico Trombotto.

De acuerdo al diario El Diario de la República, quien estaría a cargo del emprendimiento es César Oliva, funcionario de confianza de Trombotto y actual director de Valor Agregado de su cartera. También es conocido por ser dueño de locales gastronómicos como Cer-Pan y Mundo Gourmet. Esta doble función, tanto como proveedor de alimentos escolares como funcionario público, genera serias sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

Las actividades en la propiedad son visibles: movimiento diario de camionetas con rótulos de “transporte de sustancias alimenticias”, olores intensos a comida y desechos orgánicos que ya han causado molestias entre los vecinos. Todo esto sin ningún cartel identificatorio y con múltiples dudas sobre la legalidad del lugar como cocina habilitada para un programa de esta magnitud.

El presupuesto del PANE ronda los 30 mil millones de pesos y, tras los recientes casos de intoxicación en escuelas de San Luis y Villa Mercedes, la gestión del programa ha quedado bajo la lupa. La Legislatura incluso solicitó informes sobre los proveedores y las condiciones de preparación de las viandas, pero las respuestas aún no llegan.

Mientras tanto, crece la polémica por la supuesta “cocina oculta de Trombotto”, que los vecinos ya bautizaron como el símbolo del manejo discrecional y opaco de los fondos públicos. La comunidad exige transparencia y controles urgentes